Alrededor de cincuenta inmigrantes de diversas nacionalidades se iniciaron ayer un encierro de 48 horas en la parroquia de la Iglesia Santa Catalina Tomàs como «medida de presión ante la política xenófoba, represiva y neoliberal del gobierno del PP en lo que respecta a los trabajadores extranjeros no comunitarios».
Antes del encierro, un portavoz leyó el «Manifiesto contra la ley de extranjería» en el que se reclama la derogación de la Ley 8/2000, la concesión de papeles para todos los inmigrantes del Estado español y la puesta en marcha de políticas de integración. Junto a ello, se demanda la paralización de las incoacciones de expedientes de expulsión y las expulsiones, la atención sanitaria integral para todos los inmigrantes, el acceso a la educación Secundaria y universitaria y, con objeto de tratar todos los puntos anteriores, la creación de una comisión mixta.
La consellera de Benestar Social, Fernanda Caro, mostró su apoyo a esta reivindicación que afecta en Balears a más de 20.000 inmigrantes sin papeles, según las últimas estimaciones. Caro insistió en que la actual ley de extranjería «no sólo supone un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes, sino que también retrocede en la búsqueda de una solución de cara al diálogo y la convivencia entre estas personas y los españoles, por eso esperamos la derogación de la ley».
El párroco, Miquel Orell, reconoció ayer que aceptó la petición del encierro convocado por la Plataforma por la Convivencia, «porque creo que lo que defienden es una causa justa, ya que estas personas deben esperar, en ocasiones, más de un año para lograr sus permisos». Los sindicatos también apoyan esta medida de protesta que culminará mañana con una manifestación.