El sistema de financiación que actualmente está en vigor perjudica notablemente a Balears por una serie de factores. En principio, a la hora de establecer cuánto dinero corresponde a cada comunidad autónoma, el factor que más se tiene en cuenta es el de la población. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, considera normal este criterio: cuanta más población haya, existirá una mayor necesidad de servicios de hospitales, de escuelas y de carreteras que deberán ser financiados por las administraciones.
Y aquí es donde radica el problema. En primer lugar, la población de Balears ha crecido un 20'9 entre 1988 y 1999 pero el dinero que recibe la comunidad no ha aumentado en la misma proporción, ya que este aumento no se ha tenido en cuenta. Esto perjudica a las Islas. En segundo lugar, la población no pesa tanto en Balears como en las comunidades históricas. En éstas últimas, el 94 por ciento de la financiación se basa en su población ya que en los momentos iniciales de las autonomías tenían más competencias "educación, sanidad" y, por lo tanto, debían financiar más servicios. En las comunidades no históricas, con menos competencias, la población sólo tiene un peso del 64 por ciento en el modelo de financiación. Sin embargo, esto supone una discriminación para Balears, que ha asumido alguna de estas competencias, como es la educación, sin que se haya aumentado su financiación.
El conseller d'Hisenda explica que este sistema estaba pensado para una España de las autonomías con disparidad de competencias, pero dado que ya no existe esta disparidad, el número de habitantes debe tener la misma importancia en todas las comunidades autónomas. Además, el conseller quiere que el peso de la insularidad, que sólo es del 3 por ciento, aumente en el nuevo sistema que debe negociarse.
El peligro de los impuestos
A la hora de afrontar el nuevo modelo de financiación, el conseller
d'Hisenda quiere negociar además la posible cesión de parte de
algunos impuestos indirectos por parte del Ejecutivo central. Pese
a que el Gobierno aún no ha presentado su propuesta definitiva
sobre el nuevo modelo, algunos analistas han comentado la
posibilidad de que el Ejecutivo de José María Aznar ofrezca el
impuesto de matriculación, el de tabaco y alcohol, un 40 por ciento
del IRPF, entre un 25 y un 30 por ciento del IVA y el 30 por ciento
del impuesto sobre hidrocarburos. Pese a que la propuesta es golosa
para las comunidades, el conseller d'Hisenda también alerta de la
trampa que supone la cesión de estos impuestos a las comunidades.
Aunque se ceda la recaudación, los gobiernos autonómicos quedarían
muy expuestos a cualquier rebaja acordada de forma unilateral por
parte del Gobierno central. Es decir, que si el Gabinete de José
María Aznar acuerda una rebaja de impuestos o si la economía entra
en una fase de desaceleración brusca, las grandes perjudicadas
serían las comunidades, que dejarían de obtener parte de sus
ingresos como consecuencia de la bajada.