Cristina Almeida defendió ayer la rebeldía autonómica ante la reforma de la ley de inmigración, tanto que la tachó de «rebeldía de sensatez frente a lo irracional que significa la ilegalidad que aporta esta ley». Abogada y regidora del Ayuntamiento de Madrid, Almeida disertó ayer en el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Balears sobre «Los trabajadores extranjeros en España y su situación ante la nueva ley de extranjería», una ley que, dijo, «como es imposible aplicar, se incumple».
Tras invitar a los asistentes a guardar un minuto de silencio en repulsa por el último atentado de la banda terrorista ETA, la dirigente de Nueva Izquierda planteó la decepción que supuso el que la ley de integración de los extranjeros que se logró por consenso, la Ley 4/2000, fuese reformada, sin apenas haber sido aplicada, por otra, la Ley 8/2000, «que alteró el sentido». Aseguró que se trata de «una reforma negativa porque ha devuelto a la ilegalidad a muchas personas, en vez de a la irregularidad, hasta el punto de querer eludir su presencia real, en los padrones municipales por ejemplo, y les niega los derechos universales». La ley «apunta hacia lo peor que podía pasar, que es ignorar el problema, ilegalizarlo, no darle solución, lo que está planteando serios problemas en las comunidades».
Se refirió, en concreto, a Balears, «donde hay un número de extranjeros importante y una actividad de servicios, construcción y hostelería, que acaparan la mayor temporalidad y la reforma está planteando problemas de falta de atención». Alertó que «cuando se ignora y se ilegaliza un problema, se plantean problemas no sólo para los extranjeros sino para la gente que estamos aquí, porque se crean guetos de marginación -incluida la existencia de mafias-, y de ella surgen conflictos que nos afectan a todos».
Para Almeida «lo único que no necesitábamos son leyes para ilegalizar, sino leyes para integrar» y ante el anuncio del Gobierno de acelerar los trámites para la legalización de los inmigrantes que trabajan en nuestro país, reconoció que es «inexcusable que se regularice a las personas que tienen regularizada su vida en el trabajo, pero también que se regularice la existencia de personas que están aquí, que tienen derecho a estar o que tienen, al menos, la realidad de estar aquí para que puedan solucionar su problema de trabajo».