«Lo sucedido en octubre en el aeropuerto de Palma fue una concatenación de errores que produjeron un hecho catastrófico: el apagón eléctrico al fallar la central eléctrica. Siempre hay decisiones humanas que justifican lo sucedido, pero en este caso AENA es responsable de lo sucedido, aunque no el culpable», explicaba ayer el presidente-director general de AENA, Pedro Argüelles, seis meses después de que ocurriera este incidente que afectó a 150.000 pasajeros y dejó sin luz a la terminal del aeropuerto por espacio de seis horas.
Argüelles, acompañado del director del aeropuerto Mariano Menor, presentó las conclusiones de la auditoría técnica, cuyo avance fue dado a conocer en diciembre pasado por el ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos ante el Congreso. La auditoría técnica ha detectado defectos en la red de suministro y grupos electrógenos de la central eléctrica, instalación de materiales, mantenimiento, «todo este cúmulo de circunstancias provocaron el cortocircuito que dejó sin fluído eléctrico a la terminal el 21 de octubre de 2000».
El presidente de AENA no quiso mencionar en ningún momento a la empresa adjudicataria de la construcción e instalación y tampoco quiso contestar a las preguntas de los medios de comunicación sobre instalaciones similares en otros aeropuertos españoles, «AENA asume en todo momento la responsabilidad del incidente, por lo que asumiremos el pago de indemnizaciones a las empresas y particulares que hayan presentado reclamaciones por vía administrativa (193 en total, de las que 189 corresponden a pasajeros). Si la compañía aseguradora de AENA no asume el pago de las indemnizaciones (51'3 millones), AENA iniciará por vía judicial las acciones que crea necesarias en aras de hallar a los culpables del incidente. Argüelles, en este punto, afirmó que las instalaciones «recibieron el visto bueno de los servicios de inspección de Industria del Govern».
Respecto al nuevo hangar de mantenimiento, el director general de AENA descartó que sea AENA el que sufrague la inversión, «ya que se trata de un servicio complementario y no de interés general». Anunció la convocatoria de un nuevo concurso para antes del verano en el que «se tratará de imponer las menores exigencias posibles que la legislación nos permita para acelerarlo».