Los sindicatos han hecho realidad su amenaza de llevar a los tribunales el aumento de nivel de catalán exigido en las oposiciones para ser funcionario de la Comunitat Autònoma. Según ha podido saber este diario el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha aceptado a trámite al menos tres recursos contenciosos administrativos planteados contra el decreto 25/2001 de la Conselleria d'Interior que regula la exigencia de conocimientos de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública de la Administración del Govern, y que ya están en marcha.
Los recursos han venido de la mano de los sindicatos USO y CSI-CSIF así como, a título personal, de Antonio Vera, esposo de la diputada del PP Mabel Cabrer. Este último además ha impugnado las plazas ya convocadas de asesor lingüístico. CSI-CSIF ha pedido la suspensión de la aplicación del decreto y USO recurrirá todas las oposiciones en las que se ha producido un aumento del nivel exigido del catalán respecto al que se venía pidiendo.
Estos recursos complican todavía más, y dejan en cuarentena, las oposiciones en la Comunitat Autònoma. Hay que recordar también que el TSJB todavía no se ha pronunciado, dos años después, sobre la legalidad de las oposiciones convocadas por el Govern del PP y que tiene congeladas 300 plazas. Un informe contrario a esas oposiciones no supondría problema y el Govern procedería a sacarlas a concurso, pero si dictamina que son legales el lío estaría servido. Y es que, para una misma plaza se estaría exigiendo un nivel de catalán diferente (más duro en el caso de las oposiciones del Pacte por presión del PSM) y la forma de puntuar será completamente diferente (en las oposiciones convocadas por el PP la experiencia se tiene muy en cuenta).
El aumento del nivel de catalán en las oposiciones (para determinados cuerpos) ha provocado una auténtica revolución dentro y fuera de la Administración y la gente se ha lanzado en tropel a estudiar catalán y presentarse a las pruebas ordinarias y extraordinarias convocadas por la Junta Evaluadora de Catalán. Ayer mismo en la UIB tuvieron lugar nuevos exámenes multitudinarios (y extraordinarios) para la obtención del certificado, en esta ocasión del C.
USO esgrime razones sociales y legales en el contencioso
planteado
La Unión Sindical Obrera ha planteado el contencioso administrativo
por dos motivos. El primero de ellos es de «carácter social» y
tendría su base en que «no es sensato aumentar el nivel de catalán
en una comunidad como la nuestra, donde más del 80% de la
Administración del Govern (conselleries y centros de trabajo),
están ubicadas en Palma y el último censo dado por Cort dice que
más del 50% de la población es 'forastera'». USO no duda en señalar
que el aumento de los conocimientos de catalán exigidos para ser
funcionario de la Comunitat «constituyen una simple decisión
política y caprichosa» y pone de manifiesto que lo importante es
«contar con los mejores profesionales».