El Consell de Mallorca destinará el próximo año 10.000 millones de pesetas a mejorar la red viaria de la Isla. Antoni Pascual, vicepresidente primero del organismo insular y responsable del departamento de Vies i Obres, ha anunciado que la voluntad de la presidenta y del equipo de gobierno del Consell es llevar a cabo una inversión superior en «en 4.000 ó 5.000 millones» a lo que anualmente venían invirtiendo el Govern y Consell juntos en materia de carreteras.
El objetivo del Consell para el próximo año, una vez asumidas las competencias de carreteras, es ejecutar un buen plan de obras. «Con nuestro presupuesto de 10.000 millones, más los 7.500 del que invertirá el Govern, se podrá arreglar bastante la red viaria de la Isla», precisa Pascual, quien agrega que para hacer realidad esta inversión, el Consell Insular está dispuesto a recurrir al endeudamiento o a aplicar la fórmula alemana de pagos aplazados para arreglar carreteras.
El organismo insular contará con la dotación económica anual que acompañará la competencia transferida por el Govern y que prevé una cantidad para Mallorca de 5.036 millones entre 2001 y 2003, que se incrementará en 1.500 millones más a partir del año 2004. En principio, según adelanta Pascual, no se ejecutarán trazados nuevos de carreteras y la mayor parte de las actuaciones irán destinadas a eliminar «puntos negros» y mejorar cruces conflictivos. «Por ejemplo, es necesario arreglar las carreteras Santa Margalida-Inca, Porreres-Llucmajor o la de Sineu para que sean alternativas a las comarcales».
Desde que se acordó el traspaso de carreteras, el conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, y el vicepresidente del Consell, Antoni Pascual, han mantenido reuniones periódicas para no paralizar la actividad mientras se hace efectiva la transferencia y consensuar proyectos. «Por parte del Consell no hay inconveniente en que se comprometa presupuesto del 2002 y se adjudiquen proyectos, siempre y cuando se realice con nuestro consentimiento. El proyecto de la carretera de la Universidad se ha consensuado con el CIM y ahora se estudia una solución para Inca-sa Pobla».