El Govern de Francesc Antich empezó su mandato con mucho entusiasmo en torno al diseño del futuro energético de Balears y parece que va a encontrar más de un obstáculo en el camino a la hora de hacerlo realidad. Aunque en estas cosas de la política suelen pesar más las rencillas personales y de partidos que el interés general, hay que hacer un llamamiento a todos los sectores implicados para que dejen de lado cualquier postura que no sea la del bien común, mirando siempre hacia el ciudadano. Ocurre que el proyecto estrella del Govern progresista de cara al campo energético, el gasoducto, no podrá ponerse en marcha sin el visto bueno del Gobierno de Madrid, que deberá incluirlo en la planificación nacional del gas, de modo que el enlace desde Valencia a las Islas pueda convertirse en una realidad de aquí a unos años. Lo que es inadmisibible es que el Gobierno del PP se desentienda del problema y se niegue a financiar el proyecto, sin comprender algo tan elemental como que la red estatal de gas no debe acabar en la Península sino que debe prolongarse por vía submarina hasta las Islas.
A nadie se le escapa que en este Archipiélago el suministro energético es uno de los problemas claves para el desarrollo y la calidad de vida, junto con el agua y el medio ambiente. Por eso en asuntos de esta importancia el Parlament balear debe convertirse en una piña, olvidando partidismos e ideologías para apoyar de forma contundente un proyecto que puede solucionar de una vez las deficiencias energéticas que padecemos.
No será fácil y, de entrada, el diputado menorquín del PP Cristòfol Huguet ya ha anunciado claramente que el gasoducto nunca se hará. Parece definitivo que ésta será la postura de los populares, que llevarán a Madrid esa visión negativa de las cosas. Los perjudicados, como siempre, seremos los ciudadanos, que veremos cómo se nos escapa, o cuando menos se retrasa, la solución a un problema casi secular que ya parecía estar a la vuelta de la esquina.