El Àrea de Mobilitat del Ajuntament de Palma abrió el pasado año 46 expedientes sancionadores por infracciones relativas al servicio del taxi.
De estos expedientes 12 fueron contra titulares de vehículos que no hicieron la revisión técnica obligatoria. Estos expedientes acabaron con seis sanciones por falta grave con multas de 150.000 a 200.000 pesetas y con la posibilidad de inmovilizar cautelarmente el vehículo.
El resto de expedientes se abrieron a partir de denuncias efectuadas por los usuarios. La mayoría de quejas de los ciudadanos que acabaron en denuncia fueron por negarse el taxista a la prestación del servicio o por tener que pagar el usuario una factura excesiva.