El vicepresident del Govern y conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Pere Sampol, aseguró ayer que pedirá la modificación de la Constitución si el Gobierno lleva al Alto tribunal la ley de comercio autonómica y este determina que la normativa va en contra del texto constitucional. Sampol hizo estas declaraciones tras el informe redactado por el Ministerio de Administraciones pública en el que recomienda al Ejecutivo autonómico que modifique algunos puntos de la ley, entre ellos el referido al uso del catalán en los establecimientos comerciales.
La normativa redactada en la Islas establece la obligatoriedad de poder atender en catalán a todos aquellos comercios con más de tres trabajadores contratados. Sin embargo, según el escrito firmado por la directora general de Política Autonómica, Isabel Benzo, la Constitución sólo regula el deber de conocer el castellano y alude a la jurisprudencia del Alto Tribunal que no reconoce el deber de conocer las lenguas cooficiales.
Sampol denunció el argumento del Gobierno por el cual el conocimiento del castellano es obligatorio mientras que el de las otras lenguas es «optativo. En este sentido, el vicepresident del Govern interpreta que para Madrid el castellano es lengua «de primera» y el catalán «de segunda» y, por lo tanto, según sus propias palabras, «establece divisiones entre ciudadanos de primera y de segunda según la lengua que utilice». Esta situación, que fue calificada como «déficit democrático» está agravada, para el conseller, por las palabras del rey Juan Carlos en la que aseguraba que «el castellano nunca ha sido impuesto».
Sampol aseguró que la ley de comercio redactada por su gabinete trata «de igual manera» a las dos lenguas y que, si el Tribunal Constitucional considera esta circunstancia e igualdad entre lenguas como contraria a derecho, «habrá que modificar la Carta Magna y yo estoy dispuesto a pedirlo si Madrid recurre y el dictamen del tribunal va en contra de nuestra normativa autonómica».
Estas declaraciones son semejantes, aunque mucho más contundentes, que las que realizó sobre el tema el president del Govern, Francesc Antich, en Eivissa. El máximo mandatario de la Comunitat criticó que todas las normativas aprobadas por el Govern balear «creen dudas» en Madrid y calificó los diferentes recursos, los ya presentados y los que según el Gobierno central se presentarán, de «intento de control partidista de las actividades del Govern». «Este tipo de actuación, prosiguió Antich, responde a la idea uniforme que tiene el Partido Popular de España de la que sigue pensando que es una, grande y libre».