La Cámara de Comercio ha denunciado que las empresas de Balears tienen que pagar cuatro veces las tasas portuarias por el transporte de mercancías, lo que supone un gasto total de 4.183 millones de pesetas y representa un lastre más para el hecho insular. Es más, según la Cámara, la implantación del Régimen Especial no compensaría este enorme desfase, ya que sólo contempla unos trescientos millones de pesetas para paliar el efecto encarecedor de estas tasas.
Las instituciones competentes en la materia deberían pensar que el transporte de mercancías a través de las autovías, autopistas y carreteras de la Penísula no está gravado con ningún cargo, salvo, claro está, el precio mismo del transporte. Pero para que los productos lleguen a nuestra Comunitat Autònoma es preciso que lo hagan por mar y eso implica que las empresas tengan que hacer frente a las cargas impositivas de los puertos, tanto de salida como de llegada. Y es precisamente por ello por lo que los precios finales en los mercados sufren un encarecimiento que acabamos pagando todos los ciudadanos de Balears.
No es de extrañar, por tanto, que con tantos factores diferenciales a la contra, las grandes cifras macroeconómicas de las Islas puedan reflejar en los últimos meses una situación algo más desfavorable que la del resto de las comunidades del Estado. Además, lógicamente, de las mayores dificultades de las economías de las empresas y de las familias al tener que soportar todos los inconvenientes del hecho insular sin que, por el momento, se haya dado un reconocimiento adecuado que sirva para erradicar definitivamente el agravio comparativo que sufrimos con respecto a otras comunidades peninsulares. Un reconocimiento que más que una reivindicación se trata de una simple cuestión de justicia y equidad.