El Govern envió ayer al Tribunal Constitucional un documento en el que pide formalmente que levante la suspensión de los determinados artículos de la ley que quedaron en suspenso después de que el Gobierno central presentara un recurso contra ésta. La Constitución establece que, cuando el Estado presente un recurso contra una ley autonómica, ésta quedará suspendida de inmediato y el Tribunal dispone de cinco meses para contestar.
En el pliego de alegaciones, el Govern argumenta que el Estado debe reconocer a la Comunitat su capacidad para auto organizarse dadas las singularidades de los consells como instituciones propias autonómicas. Desde este punto de vista, el Govern considera que el mantenimiento de la suspensión produciría un vacío de contenido de la ley «innecesario e injusto» y de hecho supondría «una anulación anticipada de su propia competencia».
El Govern añade que la Ley pretende organizar el funcionamiento del Consell de forma integral y que esta organización le permita abordar la particular carga de competencias autonómicas que establece el Estatut. También afirma que ningún interés público del Estado se ve afectado por los artículos impugnados y tampoco se prevén daños y perjuicios irreparables en relación a terceras personas. Si el Govern considera que no tiene sentido mantener la suspensión ya que no produce daños, también añade en su alegato que el mantenimiento de la suspensión sí que sería perjudicial, ya que deja a la Comunitat con una ley vigente tan sólo en una parte.
El pliego de alegaciones del Govern recuerda además que la propia Ley de Consells establece mecanismos de control político y administrativo a través del Pleno de la institución y del sistema de recursos. Consideran, por lo tanto, que la ley recurrida es plenamente compatible tanto con la Constitución como con la Ley de Bases de Régimen Local. El Ejecutivo recuerda, por último, que los consells tienen la posibilidad de recibir una gran cantidad de competencias propias de la Comunitat.