Tras un montón de intentos fallidos por controlar el descomunal gasto farmacéutico que padecemos en nuestro país, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, vuelve a plantearse la fórmula del copago de medicamentos en función de las rentas de los pacientes. El problema existe, desde luego, es viejo, y presenta además muchas vertientes. Entre ellas, la de los enfermos crónicos, que precisan medicarse habitualmente, con un gasto para la Seguridad Social que no podrían soportar por sí mismos. Pero también están, como siempre en España, la picaresca, la trampa y la engañufla, por la cual pensionistas de alto standing, que cobran cantidades nada despreciables, acuden a la farmacia con recetas para toda la familia a costa de los contribuyentes. O quienes acumulan en casa fármacos que acabarán caducando sin ser utilizados.
La ministra asegura que está dialogando con todos los sectores implicados, y eso siempre es de agradecer, porque las medidas a adoptar para controlar el gasto serán seguramente impopulares y no pueden tomarse por decreto. De cualquier modo, sea éste u otro el sistema elegido, tendrá que ser consensuado y dialogado.
Lo que está claro es que algo hay que hacer, si no queremos que la sanidad pública se convierta en una fábrica de dinero para pagar recetas. Ahora mismo el gasto farmacéutico ya se lleva el 25% del gasto sanitario, dinero que muy bien podría emplearse en mejorar otras prestaciones.
Lo que resultaría intolerable sería exprimir todavía más los escasos recursos de la mayoría de los pensionistas españoles que, muy al contrario, deberían gozar de muchas más ventajas económicas de las que ya tienen. Sin embargo, no estaría de más que aquéllos que disponen de rentas abultadas participen en el pago de sus medicamentos, como ya hacen los trabajadores en activo.