Se acerca el momento de solicitar plaza en los diversos centros escolares, pero este año el Govern balear ha introducido una novedad importante: un decreto de admisión que permitirá reducir el fraude que hasta ahora permitía a familias obtener plaza en un centro, en detrimento de otras que por ley tenían más derecho. Cualquier persona puede solicitar plaza para su hijo en el centro que desee, pero la excesiva demanda en determinados colegios o institutos -en Palma, la mayoría de los privados concertados y algunos públicos-, obligó en 1986 a establecer unos criterios de selección que se aplican, con más o menos diferencias, en todo el Estado.
Uno de los más decisivos se refiere al domicilio familiar o del trabajo de los padres, que en caso de coincidir con la zona en la que se encuentra el centro escogido -Palma se ha dividido en ocho zonas- merece 4 puntos. Si la residencia o trabajo se encuentra en un área limítrofe se obtienen 2 puntos y si es una zona alejada no se otorga ningún punto, pues se considera que en todas las áreas hay suficientes plazas para escolarizar a los menores en edad escolar. En caso de que la zona de pertenencia esté colapsada, el Govern actúa de forma subsidiaria y traslada a determinados alumnos a otras zonas, ofreciendo a las familias ayudas para transporte y comedor.
Con objeto de lograr la máxima puntuación, era frecuente que algunas familias falsearan el domicilio del hijo -el único que se reclamaba-. Pero este año deberá acreditase el domicilio de los padres, mediante el DNI o un certificado de empadronamiento si el domicilio del carnet no coincide con el de la solicitud, o presentando el contrato laboral para acreditar el domicilio laboral.
Desde la Conselleria d'Educació se defiende la bondad de este criterio, «pues, a nivel pedagógico se considera que la cercanía del colegio o instituto es lo más sano y adecuado para los niños, ya que les permite ir y venir a pie, comer en casa o madrugar menos», explicó el responsable de escolarización, Miquel Perelló.