JOAN MASCARELL/J.M. ¿Por qué si no era una reforma que resolvía los problemas de Son Dureta se tardó tanto tiempo en rectificar hasta el punto que se llegaron a adjudicar las obras? ¿Por qué una y otra vez se presentó el proyecto? ¿Pudieron las prisas, por la presión política y social, a una reforma que iba a ser ineficaz? Éstas son algunas de las preguntas que ayer circulaban por la Conselleria de Sanitat i Consum y por el sector sanitario de las Islas después de que el director general del Insalud, Josep Maria Bonet, anunciara el jueves la marcha atrás del proyecto y la búsqueda de una nueva reforma que resuelva los problemas estructurales y funcionales de futuro del hospital «insignia» de Balears.
La consellera de Sanitat i Consum, Aina Salom, momentos antes de entrar en el Fòrum de Salut Mental que se reunió ayer tarde, no escondía su malestar e incluso su 'cabreo' tanto como usuaria y ciudadana de las Islas como política. Y, al respecto, Salom exigió que se depuren responsabilidades en el ámbito balear de «personas y gestores» que «durante años nos han vendido las excelencias de la reforma» y permitieron que la situación llegase tan lejos. No dio nombres pero toda mirada se dirigía hacia la dirección territorial del Insalud y su máximo responsable, Javier Rodrigo de Santos, quien, si llegó a la reunión del foro, al menos no lo hizo puntualmente.
Salom señaló que «no nos merecemos» el nuevo retraso en la reforma de Son Dureta, dijo no tener palabras para calificar este nuevo hecho, mostró su preocupación y exigió que la nueva reforma se afronte de la forma más rápida posible y sin escatimar costes. Y, por último advirtió que no van a aceptar las competencias del Insalud si no se prevé el coste de la reforma de Son Dureta.
A este tema se refirió también ayer el portavoz del Govern, Antoni Garcias, tras la reunión del Consell de Govern. No dudó en calificar de «lamentable» que el Insalud haya decidido suspender la segunda fase del plan director de Son Dureta. «El ex ministro Romay Beccaría presentó el proyecto, presupuestado en unos 11.000 millones, poco antes de las elecciones; la promesa ya no tiene ningún valor», cuestionó el portavoz del Govern, quien anunció que el gabinete autonómico planteará «una alta protesta» ante la falta de inversiones sanitarias.