O. QUINTANILLA
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró en el
Congreso que los emigrantes residentes en Argentina «decidieron
hacer valer sus derechos inscribiéndose en el censo electoral» y
recordó que los emigrantes eligen el lugar en el que inscribirse.
«No parece que nadie se haya arrepentido, que se ha sentido
manipulado, sino más bien que se está aplicando la ley» en un
intento de acercamiento de las comunidades a los emigrantes.
Tras recordar el resultado de las últimas elecciones autonómicas, «que ganó el PP con 160.000 votos», Aznar consideró legítima la unión «de seis o siete» partidos contra el PP pero precisó que, desde esta premisa, no acepta «lecciones de respeto a la voluntad popular». Añadió que mantenía a Matas como ministro «porque hace una buena gestión y ha presentado un buen plan hidrológico, cosa que molesta a alguno de ustedes bastante» y precisó que Matas «no está presuntamente relacionado con ningún caso».
Llamazares había emplazado a Aznar a que destituyera a Matas porque el número de emigrantes se había multiplicado por tres «y la mayor parte de estos emigrantes han ido a votar al PP con tal entusiasmo que alguno de ellos han salido de la tumba». Llamazares recordó a Aznar que es «el abanderado de las responsabilidades políticas por encima de las judiciales». «No me responda eludiendo las responsabilidades políticas "insistió" o al final usted no será el émulo de ningún presidente ni señor ministro como Maura, será de Cánovas o de Sagasta, de la Restauración». Llamazares opinó que el 'caso Formentera' «afecta a los pilares de la democracia, la limpieza de las elecciones y la utilización de fondos públicos».
A la petición de dimisión que hizo Llamazares se sumaron las de los diputados del PSOE Teresa Riera y José Blanco, quienes censuraron la actuación del ministro en su época de president. En una durísima intervención, Riera pidió a Matas que dimitiera «para evitarse a usted un calvario y a nosotros, una vergüenza» y pronosticó que el ex president «puede acabar como Cañellas: condenado por los tribunales y abandonado por su partido». Riera afirmó que la manipulación de votos no ha sido un invento de la oposición y explicó ante el Congreso el listado de acusaciones que han ido saliendo a la luz en las últimas semanas, entre ellas, la inclusión en el censo de personas fallecidas y pruebas «de su puño y letra de que usted diseñó esta operación».
Matas contestó que todas las acusaciones son falsas y afirmó que, aunque sigan investigando dos años, «no encontrarán nunca nada más que el fomento a una política legítima y legal». Matas destacó que la ley, aprobada por el PSOE, permitía la inscripción de los emigrantes en el CERA «y lo único que hice fue cumplir la ley». Matas contestó que tiene la conciencia tranquila y aseguró que la labor legítima del Govern «fue a favor del ciudadano». Insistió en que todo es una falsedad, una calumnia y una estrategia política del Govern. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que fue interpelado en el Senado por Manuel Cámara, defendió la «total transparencia y absoluta neutralidad» de las oficinas consulares y apuntó que comprobarían si hubo inscripción de personas ya fallecidas puesto que «siempre hay alguna inexactitud».