O.Q./J.M.R./J.R.
El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de
Administraciones Públicas, presentar un «conflicto positivo de
competencias» contra el Govern balear por su decisión de subir
nuevamente este año las pensiones asistenciales y no contributivas.
Es el segundo año consecutivo que el Gobierno lleva al Govern ante
el Tribunal Constitucional por la misma razón ya que a principios
del año 2000 el Ejecutivo autonómico ya abonó una «paga» a los
perceptores de las rentas más bajas.
El conflicto planteado en esta ocasión "el anterior todavía está pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional" se refiere al acuerdo del Consell de Govern del 29 de diciembre del pasado año por el que se aprobó la concesión de una ayuda económica para determinados beneficiarios de pensiones asistenciales y no contributivas. En concreto, se abonaron (a principios de este año) unas cantidades a un total de 9.829 beneficiarios que oscilaron entre las 23.245 pesetas para los beneficiarios de ayudas con cargo al Fondo Nacional de Asistencia Social y para los beneficiarios de la Lismi (Ley de Inserción Social de Personas con Minusvalías) y las 29.142 pesetas que cobrarán los perceptores de pensiones de jubilación e invalidez en la modalidad de no contributivas.
El Gobierno central considera que el balear ha invadido con esa medida sus competencias exclusivas en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. Eduardo Chozas, secretario general de empleo, justificó ayer en Palma esta medida porque, dijo, «el sistema de pensiones es uno y único para el conjunto de España, y puede ser muy peligroso hacer carreras entre unas y otras Administraciones».
El Gobierno central entiende, en cambio, que la intención del Ejecutivo regional es modificar el régimen económico las pensiones en esa comunidad, una prerrogativa que sólo corresponde a la Administración estatal para garantizar la igualdad entre los pensionistas de todas las comunidades. El Gobierno central, que se acoge a jurisprudencia del Tribunal Constitucional para plantear el recurso, añade que la iniciativa balear también invade sus competencias exclusivas para coordinar la planificación general de la actividad económica.