La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha admitido a trámite una querella contra el juez de paz de Santa Margarita, Pedro Nadal Roig, por un presunto delito de prevaricación en las diligencias para ordenar los levantamientos de cadáveres. Según la querella presentada por los abogados de Servicios Funerarios de Pollentia SL de Alcúdia, el juez de paz investigado «tomaba decisiones arbitrarias al elegir de forma habitual a determinada empresa funeraria». Ésta es la primera ocasión que el TSJB acepta investigar a un juez, en este caso, de un escalafón inferior porque carece de funciones jurisdiccionales.
El magistrado Miquel Massot se ha hecho cargo de la instrucción de un caso que ha llamado la atención de los expertos jurídicos, dadas sus especiales características. Una empresa funeraria determinada tenía «preferencia» en las labores de levantamiento de un cadáver en la zona norte de Mallorca, en detrimento de otras, en este caso Servicios Funerarios de Pollentia. «Queremos que el TSJB investigue si el juez de paz actúa por dinero o, sencillamente, por animadversión hacia mi cliente», dijo a Ultima Hora el letrado de Servicios Funerarios de Pollensa.
El juez de paz ya había sido denunciado ante la Guardia Civil el pasado mes de agosto, cuando ordenó el levantamiento de un cadáver en el hotel Sultán de Can Picafort. Hasta allí se dirigieron representantes de la empresa querellante, y pudieron comprobar que el servicio lo había realizado otra funeraria. También ocurrió lo mismo en Son Serra de Marina. Estas actuaciones «han supuesto pérdidas millonarias a nuestra empresa, al tiempo que suponen un atentado al mercado libre de la competencia en el sector de las funerarias», según Servicios Funerarios de Pollentia.
Cuando la empresa querellante presentó la primera denuncia contra el juez de paz de Santa Margalida, éste rehusó realizar declaraciones a este diario. Ayer, estuvo ilocalizable. Según afirmó el abogado de Servicios Funerarios de Pollentia, «está claro que nuestra acción judicial tiene una base clara, y por ella fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia».