El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) estimó el recurso del ciudadano británico Raymond Wells en contra de una reclamación económica de la Agencia Tributaria, que había fijado una base imponible de 200 millones de pesetas tras un peritaje realizado por un cabo primero de la Guardia Civil. El Alto Tribunal no dio credibilidad al peritaje sobre la embarcación en la que habitualmente reside el apelante y acordó la retroacción del procedemiento de inspección al momento «inmediatamente anterior a aquel en que debió procederse a la valoración del barco».
Constituyó el objeto del recurso la desestimación de la reclamación económica administrativa interpuesta contra la resolución de la Agencia Tributaria de fecha 30 de mayo de 1996 por medio de la cual se confirmaba el acta de inspección. La cuantía se fijó en 51.636.713 pesetas. En Maó, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera emitieron acta de constancia de hechos por infracción tributaria a la Ley de Impuestos Especiales relativa a la embarcación denominada «Mauna Loa», de bandera británica propiedad del demandante Raymond Wells. En Alcúdia, agentes de la Guardia Civil levantaron en 1996 un acta de constancia de hechos que determinó que la embarcación «se encuentra siempre en aguas de Balears».
Según afirmó Wells, como vive a bordo del barco cree que no necesita permiso de residencia. También, el apelante alegó que la actuación inspectora infringió el Reglamento general de inspección de tributos al entrar en su barco sin autorización judicial y adujo que la valoración de la embarcación fue «disparatada y excesiva».