El «mega fraude» fiscal de 20.000 millones de pesetas descubierto en una sola operación por la Agencia Tributaria acaparó ayer la atención de los expertos, que no dieron crédito a la elevada cuantía del dinero aflorado en una actuación. Algunos, incluso, fueron más allá y elucubraron con la posibilidad de que se trate de «un gazapo» o manifiesto error en la correlación de ceros, algo que haya escapado al control de los funcionarios de Hacienda y que indujera al error al director general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, que se desplazó a Palma para presentar al nuevo delegado especial, Ignacio Fernández Alegría, y los datos.
El elevadísimo fraude fiscal (es delito a partir de los 15 millones de pesetas) fue analizado por varios expertos consultados por este diario. Algunos descartaron de pleno que el dinero irregular haya aflorado en el concepto de Impuesto a la Renta en las Personas Físicas (IRPF), dada su descomunal volumen; otros, lo analizaron con respecto al IVA, y esos 20.000 millones corresponderían al 16 por ciento del total de lo ocultado al fisco, lo que constituiría otra posibilidad «muy improbable».
Por último, en caso de que se tratara de una ocultación de dinero en el impuesto de sociedades sería aún peor, ya que los 20.000 millones corresponderían al 35 por ciento del total de la operación, es decir más de 60.000 millones de pesetas. «Si esto fuese así, equivaldría, por ejemplo, a la venta de activos muy importantes, pero nadie realiza operaciones de ese calado con la pretensión de ocultarlo al fisco, que tiene mecanismos muy rígidos de control», señaló el experto. También, hubo dudas bajo qué concepto se produjo el cálculo de los 20.000 millones de pesetas, porque si esa cantidad está conceptuada como base imponible de impuesto de sociedades, entonces derivaría el pago de unos 6.000 millones en multas a Hacienda, «algo posible», mientras que si se trata de cuota defraudada, la operación hubiese tenido que sumar muchos ceros a la derecha, algo muy difícil de que ocurra en la Islas.
Según los datos de Hacienda, el fraude fiscal descubierto en Balears en 2000 ascendió a casi 50.000 millones (el 40% lo aportan esos 20.000 millones), lo que equivaldría a un tercio del presupuesto de la Comunitat Autònoma, que asciende a unos 160.000 millones. Son cifras astronómicas, que muy pocas empresas de las Islas pueden generar.