La aparición de otro caso de «vaca loca» en Menorca, nadie en el sector duda que los laboratorios de Algete, Madrid, y Zaragoza confirmarán el positivo, ha provocado cierto malestar entre el colectivo ganadero que, a día de ayer, se dividía entre los que apostaban por llevar a los animales de más de 30 meses a la intervención, (por lo que se sacrificarían y serían enviados a la Península para ser incinerados sin necesidad de realizar test priónicos), y los que apostaban por continuar realizando los análisis a todos los animales de riesgo vayan o no a entrar en la cadena alimenticia.
La caída de ventas de la carne de ternera provocó que el Ministerio de Agricultura y Pesca, con permiso de la Unión Europea, instaurará un mecanismo de intervención, para los ganaderos que deseen acogerse, que se basa en la compra, por parte de la Administración, de los animales de más de 30 meses con objeto de retirarlos de las explotaciones e incinerarlos. La Conselleria de Agricultura y las organizaciones agrarias se han mostrado interesadas por esta iniciativa, que se llevaría a cabo a través de Carnilla que es la empresa que gestiona el matadero de Palma.
Una vez realizados los trámites administrativos, y a falta de la llegada de maquinaria específica, Carnilla tendrá que esperar hasta Semana Santa para comenzar a sacrificar animales de intervención, plazo este que a los partidarios de acogerse a la medida les parece excesivo. En el fondo de la cuestión esta el enfrentamiento de posturas entre los que defienden, sobre todo pequeños ganaderos, que la aparición de más casos puede «dar la puntilla» a un sector en crisis desde hace meses y los partidarios de realizar controles a todos los animales, vayan o no a intervención, para dar imagen de seguridad a los consumidores.
En medio de estas posturas se encuentran actualmente las organizaciones agrarias, favorables a que la Administración retire las reses de los ganaderos que se acojan a la medida, «pero no para que no se les hagan los análisis a las vacas, sino para que los productores pueden recibir algo de dinero por sus animales ya que el mercado no les está comprando sus animales», aseguró Joan Mas, coordinador de Unió de Pagesos. Por su parte, el secretario general de Asaja-Balears, Gabriel Company, pidió que se agilicen los trámites para que el matadero de Palma pueda matar animales de intervención «cuanto antes» y entendió que es el ministerio el que tendría que hacerse cargo del traslado de los cuerpos de los animales hasta la Península para ser incinerados, ya que son considerados como materiales específicos de riesgo.