La Inspección de Trabajo, organismo dependiente del ministerio y que no se plantea transferir a las comunidades autónomas, ha procedido a la paralización de tres nuevas obras de construcción en las Islas que presentaban graves defectos de seguridad y que, en un momento dado, podrían poner en peligro la integridad física de los trabajadores. Con estas nuevas actuaciones ya son más de diez las obras que se han parado en apenas un par de meses cuando en todo el año pasado tan sólo se paralizaron dos construcciones.
Las obras paralizadas responden a un hotel en Can Picafort, un edificio en Ciutadella y otro en Palma. Los inspectores visitaron el jueves las obras de construcción del bloque C del Hotel Can Picafort Palace acompañados del administrador de la empresa y promotor de la construcción, Antonio Cantarellas Quart, y advirtieron notables deficiencias. La construcción, un bloque de cinco plantas edificado por la sociedad anónima Aldepro, carecía de protección del perímetro en todas las alturas y en los huecos interiores, las barandillas eran incompletas, los andamios irregulares y ninguno de los trabajadores llevaba el casco de seguridad preceptivo.
La paralización del edificio de Ciutadella, situado en el Paseo Son Nicolau, fue ordenada el pasado día 16 de marzo y es la primera que se produce en Menorca durante este año. La construcción, de cuatro plantas, era promovida por la empresa Sol i Plus 6, que contrató a la constructora Stanzplatz, que a su vez subcontrató con las sociedades limitadas Pedro Cruz, Concila 2000, Grindem y Obras Famar. Los inspectores consignaron en su informe la ausencia total de protección en la cubierta, irregularidades en la escalera y mala colocación de la red de protección.
Respecto al edificio de Palma, situado en la calle Jaume Vidal Alcover, las mismas fuentes indicaron que la orden de paralización se hizo efectiva el jueves a causa de la falta de protección en los huecos de la segunda y tercera planta de la edificación, encargada a la empresa Encofrados Palma. Cada uno de los tres expedientes de paralización supone la imposición a las empresas responsables de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de una multa de entre 5 y 100 millones de pesetas, además de la obligatoria subsanación de las irregularidades para poder proseguir las obras.