Un espectacular despliegue policial rodeó ayer por la mañana el dispositivo organizado por el Ajuntament de Palma para derribar dos viviendas en el poblado gitano de Son Banya. Esas chabolas, que ya habían sido eliminadas en el plan de «disciplina urbanística» desarrollado por Cort en ese lugar, estaban siendo «reconstruidas» con el objetivo de habitar en ellas o convertirlas en un improvisado almacén. La grúa municipal actuó con contundencia, pero no se registró ningún incidente grave. Los residentes en Son Banya reaccionaron, inicialmente, con sorpresa ante la actuación policial (nacional y local) y la tensión fue en aumento hasta que los representantes de Cort, José Manuel Sierra, Antoni Nadal y Rogelio Araújo, explicaron los motivos que les había llevado hasta el lugar.
«Otra vez por aquí, déjennos en paz, váyanse», gritaba un grupo de gitanos a los policías. Uno de ellos, que registraba en una cámara fotográfica lo que estaba ocurriendo, la guardó para no encrespar más los ánimos. «Ninguna de las dos viviendas estaba habitada», explicó a Ultima Hora Rogelio Araújo. «Habíamos comprobado que se estaba intentando volver a utilizarlas y por ese motivo decidimos emplear la grúa, siguiendo de forma estricta la disciplina urbanística que queremos para esta zona», explicó.
En Son Banya, actualmente, unas 89 chabolas están habitadas de un total de 124 que había antes de que Cort iniciara el plan de derribo de las viviendas. El desmantelamiento del barrio «más marginal de la ciudad», como se define a Son Banya, es tarea del Ajuntament de Palma, el Govern (a través del Ibavi) y el Estado. Pero tiene un coste, según recordaron los representantes municipales: 500 millones de pesetas. Esa es la cantidad que se necesita para dotar de una nueva ubicación a las cerca de sesenta familias, de las 90 que actualmente residen en el poblado gitano, que tienen interés y están en condiciones de abandonar las chabolas.
Desde el pasado año, el Ajuntament negocia con el CIM y el Ibavi la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de desmantelamiento de Son Banya, que se ejecutará en un plazo de tres años. En este tiempo está previsto trasladar entre 30 y 40 familias. Aún quedarán otras 50 ó 60 familias que «por problemas de droga no pueden acogerse a este programa y deberá ser el Juzgado el que decida la forma de proceder», según los ediles.