El Consell de Govern aprobó ayer presentar un recurso contra varios artículos de la ley de extranjería al entender que atentan contra los derechos constitucionales de los emigrantes. Los artículos recurridos son aquellos que regulan los derechos de reunión, asociación, sindicación huelga y asistencia jurídica. El Govern tomó este decisión en contra del criterio del Consell Consultiu de Balears, que en su dictamen entendió que la ley no era inconstitucional, aunque dos de sus componentes firmaron votos particulares. El Govern ha recurrido al asesor jurídico de la Comunitat y miembro del Consell Consultiu, Pere A. Aguiló, para que elabore el texto del recurso de inconstitucionalidad.
El conseller de Presidència, Antoni Garcías, explicó al término de la reunión del Consell de Govern que la decisión de recurrir no queda debilitada por el informe en contra del órgano asesor de la Comunitat «porque quien presenta el recurso es el Govern y no el Consell Consultiu». De hecho, el informe elaborado por el Govern insiste en que la ley de extranjería vulnera derechos fundamentales de las personas.
El conseller explicó que la decisión de presentar este recurso no se ha consultado con Unió Mallorquina ya que es una propuesta del Govern y no del Parlament, donde se necesitarían los votos de UM para apoyar la presentación del recurso. El conseller se mostró además satisfecho con el cambio de opinión del PSOE, que ha decidido finalmente sumarse a los recursos de inconstitucionalidad. «El Gobierno no ha querido negociar ni atender al clamor popular que existe en contra de esta ley», afirmó Antoni Garcias.
Por su parte, el diputado del PP Joan Flaquer aseguró que la presentación del recurso por parte del Govern demuestra su actuación partidista y demagógica y opinó que el Ejecutivo ha actuado debido a la presión de Esquerra Unida-Els Verds en el Govern. Para Flaquer, no existen argumentos que justifiquen la presentación del recurso desde el momento en que el propio Consell Consultiu de Balears considera que el texto es perfectamente constitucional. «Se trata de la ley más avanzada de Europa», aseguró.