El president del Govern, Francesc Antich, reclamó ayer, durante la visita a la Fira de Sant Joan, la «retirada de la política de todas las personas implicadas en el 'caso Formentera'» en relación al informe en el cual se descubre la estrategia de cómo captar votos de los inmigrantes sudamericanos para las elecciones autonómicas y municipales de 1999.
Aunque el president Antich hizo una llamada a la prudencia, «porque debe ser únicamente el juzgado quien dicte la sentencia, después de que la comisión de investigación aporte las pruebas oportunas», quiso manifestar que «de confirmarse las pruebas, estaríamos ante uno de los atentados más graves contra la democracia, ya que se han hecho artimañas con la utilización de los fondos públicos».
Antich añadió que «el año 1999 tuve la ocasión de tener en mis manos una carta que nos indicaba todo lo que estaba ocurriendo». «Es decir, un interés por conseguir votos a través de actuaciones raras. Se está confirmando aquello que ya pasó en Argentina, circunstancia que constituye un grave atentado», subrayó el president balear.
Según publicó ayer «Diario de Mallorca», el Govern presidido por Jaume Matas contrató a dos emigrantes que exigieron dinero a cambio de votos. La Conselleria d'Indústria que dirigía Josep Juan Cardona pagó sueldos a varios sudamericanos que, según el «informe Mapau», exigieron al Ejecutivo de Matas compensaciones económicas para captar votos.
En concreto, Antoni Mas, responsable de la Casa Balear de Buenos Aires, fue contratado por el Instituto Balear de Desarrollo Industrial. Asimismo, el Govern contrató al abogado Juan Manuel Mercant, quien, según el «informe Mapau», «quizás fuera la persona ideal para ser nuestro contacto político en Montevideo». Esta operación tenía por objeto, según los documentos difundidos, multiplicar los votos del PP en el exterior.