La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que anuló la moratoria aprobada por el Consell de Mallorca en 1998 ha reactivado una serie de peticiones de indemnización que suman unos 21.000 millones de pesetas. Se trata de las reclamaciones que exigen media docena de grandes promotores en las que no se incluyen las peticiones mucho menos cuantiosas que pudieron solicitar los particulares a los que afectó la moratoria que ahora ha sido anulada por los tribunales.
En cualquier caso, las 25 posibles urbanizaciones que en un primer momento estimó el Consell que podían llegar a construirse tras la sentencia del TSJB han pasado a ser en realidad una docena, tras realizarse una serie de análisis más detenidos. Pero además ni siquiera esta doce posibles urbanizaciones tienen derecho a reclamar una indemnización, ya que sólo pueden hacerlo aquéllas que en su día mantuvieran las peticiones de reclamación en todos y cada uno de los actos administrativos que adoptó el Consell. Según las fuentes consultadas, debido a esta razón sólo se mantienen 'vivas' las peticiones de cinco promotoras, pero el montante exigida por estas cinco empresas puede llegar a los 21.000 millones.
En el Consell Insular aseguran además que algunas de las promotoras que exigen una indemnización están dispuestas a negociar con la institución insular una rebaja de la edificabilidad de las respectivas urbanizaciones. Se trata de llegar a un acuerdo para rebajar la capacidad de urbanizar y evitar que el Consell se enfrente a un nuevo proceso por el pago de las indemnizaciones.
Sin embargo, los responsables del Consell Insular están tranquilos pese a que la sentencia fue negativa para sus intereses. En primer lugar, aseguran que los tribunales sólo han anulado de momento la decisión de aprobar un moratoria. Por lo tanto, todas las urbanizaciones protegidas en su día siguen estando en suelo rústico ya que el TSJB no ha opinado todavía sobre los recursos que se presentaron a la decisión de recalificar el suelo urbanizable en rústico.