El Govern balear dispondrá en tres o cuatro meses de la nueva normativa para las residencias de la tercera edad, según afirmó ayer Antoni Sancho, director general de Planificación y Ordenación Social de la Conselleria de Benestar Social. El nuevo texto incrementa los niveles de exigencia en cuanto a la calidad del servicio y, así, incluye la exigencia de una titulación de grado medio para los responsables y mejoras físicas y ambientales de las residencias. Pero además, regulará, por primera vez, los centros de día y viviendas tuteladas.
El Ejecutivo impulsó la revisión normativa después de la apertura de cuatro expedientes sancionadores a residencias desde mediados de 1999 y el cierre de la residencia de Binissalem y de un piso de la calle Bernat Amer de Palma, ambos del mismo propietario.
Por su parte, la consellera de Benestar Social del CIM, Josefina Sintes, cifró ayer entre 700 y 800 el déficit estimado de plazas en residencias de la tercera edad en Balears, aunque reconoció que «no conocemos bien las necesidades reales». Pese a ello, aseguró que «desde el Consell no se van a construir nuevas residencias públicas». La responsable del CIM reconoció que «la administración ha llegado a su límite» y, como alternativa, anunció que «debemos estimular a la iniciativa privada para la construcción de nuevas residencias y concertar plazas en centros privados o mixtos a través de un centro único de gestión de plazas».
Sintes realizó estas afirmaciones ayer durante la presentación de la Asociación de Residencias Privadas de la Tercera Edad, que nace con ocho centros asociados y un total de 664 plazas. Las que forman parte de esta asociación, de las 17 existentes en Mallorca, son Oasis (165 plazas), Elena (19), Fabiola (92), Bocambilia (125), Cala Estancia (89), Borenco (120), Anabel I (28) y Anabel II (26).