El Govern quiere recurrir la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional aunque el informe elaborado por el Consell Consultiu concluye de forma mayoritaria que el texto respeta la Constitución, por lo que no cabe presentar recurso. Las fuentes consultadas aseguraron ayer que el president del Govern, Francesc Antich, está decidido a presentar el recurso aunque ello suponga enfrentarse a la tesis que defiende el secretario general del partido, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, Antich no quiso hacer ayer comentarios sobre el contenido del dictamen dado que aún no había sido entregado físicamente al Govern.
La fórmula que empleará el Govern presumiblemente es acogerse a los dictámenes que ya han hecho otros órganos asesores y que no tienen nada que ver con las conclusiones a las que ha llegado el Consell Consultiu. Al tratarse de una ley que no tiene efectos en un territorio determinado sino en todo el Estado, cualquiera de los informes jurídicos ya elaborados sirve para avalar el recurso del Govern. De hecho, los elogios del Ejecutivo a los informes realizados por el Parlamento vasco, las Cortes de Aragón o el Colegio de Abogados de Cataluña avalan el hecho de que el Govern estaba preparando el terreno para presentar el recurso.
Aunque Antich no quiso hacer comentarios, otros miembros del Govern sí insistieron en la necesidad de presentar el recurso. El vicepresident del Govern, Pere Sampol, no quiso hacer una valoración del dictamen del Consell Consultiu hasta no haberlo leído, sin embargo afirmó que, con respecto a la ley de extranjería, «no necesito que nadie me diga que es una ley antidemocrática». Sampol añadió que la simple «lógica democrática» apunta a que la ley es inconstitucional.
Sin embargo, la reacción más contundente llegó de Esquerra Unida. En un comunicado remitido ayer por la formación política se califica de «atrevimiento» el informe del Consultiu y consideran que es un dictamen «insensible e inconsistente». «El Consell Consultiu de Balears ha quedado en evidencia con la emisión de este dictamen», afirma el comunicado, en el que se tacha de «ultraconservadores nombrados en la época de Cañellas» a los juristas que lo componen. EU considera que el Consell Consultiu ha querido «desautorizar» al Govern del Pacte.