La Asociación de Constructores de Balears, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears y el Colegio Oficial de Aparejadores de Mallorca critican la inseguridad jurídica en la que se encuentra el sector inmobiliario en la Isla, «la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) no hace más que corroborar nuestras quejas de hace dos años ante tal medida, que la postre motivó el actual boom que ha vivido el sector de la construcción durante los últimos tres años en la Isla».
El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios, Gabriel Oliver, afirmaba ayer que la moratoria del CIM «creó en su día unas expectativas en el sector inmobiliario para construir más, dado que se incentivó indirectamente a aquellos inversores que no tenían intención de construir pero a la vista de los acontecimientos optaron por consolidar sus proyectos, que es lo que ha generado el alza del sector de la construcción en Mallorca».
Oliver apunta que pese a que el TSJB anula la moratoria, «las Direcctrices de Ordenación Territorial suspendieron en su día el 90% de las 74 urbanizaciones que prohibió el CIM, por lo que el efecto de la sentencia no va a ser muy sustancial. Lo que está claro es que todo esto crea más inseguridad y no es bueno para la imagen de Balears. Lo sucedido es un aviso a la Administración de que tiene que tener más cuidado con las legislaciones para evitar vulnerar el principio de la seguridad jurídica». El gerente de la Asociación de Constructores, Manuel Gómez, y el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores de Mallorca, Jaume Gibert, coincidieron en señalar que la sentencia «es una evidencia más de la inseguridad jurídica que existe en nuestro sector y cómo está regulado el crecimiento urbanístico».
El portavoz del GOB, Miquel Àngel March, dijo que «quizás» el CIM se había equivocado en la argumentación jurídica sobre la moratoria, pero que la sentencia del TSJB «no se va a traducir en un aumento de grúas y cemento en Mallorca». «Esta claro que la moratoria debe acordarse para fijar unas actuaciones más contundentes contra el crecimiento descontrolado, pero su argumentación jurídica debe ser más precisa».