El Consell Insular de Mallorca hará «todo lo que sea necesario» para evitar la construcción de las urbanizaciones afectadas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que anuló la moratoria aprobada por el Consell sobre un total de 76 urbanizaciones. En cualquier caso, el president de la Comissió Insular d'Urbanisme, Rafael de Lacy, afirmó que, de las 76 urbanizaciones que quedaron en suspenso en su día, la sentencia del TSJB sólo afecta a 25 ya que las 51 restantes quedaron protegidas por las Directrices de Ordenación del Territorio.
El presidente de la Comissió d'Urbanisme ofreció una rueda de prensa acompañado por el secretario general de UM, Bartomeu Vicens, quien también explicó que la mayor parte de las urbanizaciones seguirán sin desarrollarse. Entre las medidas que adoptará el Consell, en primer lugar se sitúa la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es la única opción que le queda a la institución insular desde el punto de vista jurídico.
Por lo que se refiere al punto de vista político, el responsable d'Urbanisme del Consell opinó que, pese a la sentencia del TSJB, las 76 urbanizaciones siguen desclasificadas ya que el Tribunal tan sólo se ha pronunciado en contra de la moratoria, pero no del proceso por el que se iniciaron las desclasificaciones. Lacy reconoció que los promotores pueden seguir intentado continuar desarrollando los proyectos en los ayuntamientos, pero también añadió que los ayuntamientos pueden entender a su vez que el proceso sigue estando congelado porque el suelo ha cambiado de calificación urbanística.
Lacy discrepó con el contenido de la sentencia y se ratificó en que el Consell tiene las competencias en materia de ordenación del territorio desde el año 1990, a pesar de que el TSJB insiste en lo contrario. El responsable de Urbanisme opinó que el fallo del tribunal no da pie al pago de indemnizaciones, ya que estas posibles compensaciones sólo incluyen los gastos realizados durante el proyecto.