El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley de modificación de los presupuestos generales de la Comunitat para autorizar un endeudamiento de 12.072 millones con el fin de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Tal y como adelantó este periódico, el Govern no va a esperar la autorización del Gobierno central para incrementar su deuda. «Nos gustaría que hubiese colaboración con Madrid», pidió ayer el portavoz del Ejecutivo, Antoni Garcías.
De los 12.072 millones que obtendrán gracias a un nuevo préstamo, 3.300 se utilizarán para compensar el dinero que no se ingresará este año a través del impuesto anulado por el Constitucional. Otros 5.865 millones servirán para devolver el dinero ya cobrado a las empresas afectadas por el tributo, mientras 2.907 millones permitirán atender el coste de los intereses de demora.
Los 13.574 millones que ya recaudó el Govern a través del impuesto anulado por el Constitucional estaban compensados con autorizaciones de operaciones de endeudamiento formalizadas durante los últimos tres años.