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Duros ataques entre PP y Govern por las auditorías a las empresas públicas

La oposición califica de cobarde la actitud del Ejecutivo por la falta de información sobre las irregularidades detectadas en once empresas entre 1996-99

La diputada Mabel Cabrer y el conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, tuvieron una dura pugna dialéctica. Foto: JAUME MOREY

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La presentación ayer de las auditorías realizadas por el Govern en once empresas públicas por parte del conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, ante la comisión parlamentaria d'Hisenda y Pressuposts, provocó un duro enfrentamiento verbal entre el conseller Mesquida y la diputada del PP Mabel Cabrer por los resultados de las mismas, ya que se han detectado irregularidades en materia de gestión, contratación y muestran de modo generalizado «falta de rigor y discrecionalidad».

Aunque el conseller advirtió que «hay datos» de estas auditorías que él mismo «discutiría» por la interpretación de los gastos realizados y la conveniencia política de los mismos, Mesquida fue desgranando los principales aspectos de la gestión del PP de las empresas públicas entre 1995 y 1999.

Las empresas públicas donde se han detectado más irregularidades fueron:
· Ibavi
De las inversiones previstas en el período 1996-98, 10.408 millones, únicamente se han ejecutado 4.670 millones, el 46%. Se detecta una falta de estrategia y un plan.
· Ibasan
Demasiado endeudamiento, falta de un plan de empresa y una estructura financiera deficitaria.
· ParcBit
El cese de actividad de ArtBit provoca una pérdida de 50 millones. Se detectan 41 contrataciones laborales sin procedimiento público de contratación y se constata la contratación de una persona que cobró 7'5 millones sin desarrollar su labor en el ParcBit.
· Ibatur
Entre 1995-99 hay 3.198 millones se asignan de forma discrecional sin regulación o procedimiento. Contrataciones irregulares en 13 personas.
· Institut de Desenvolupament Industrial (IDI)
Falta de planificación y la pérdida de 863 millones en adquisiciones de participaciones.
· Consejo de Aguas de la Bahía de Palma
Se utilizó el endeudamiento para gasto corriente. La «operación barco» costó 7.300 millones y se estará pagando hasta 2006. El pago de intereses bancarios supone el 20 por ciento del coste.

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