El president del Govern, Francesc Antich, dio ayer por zanjada la crisis provocada por la dimisión de la consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, tras la toma de posesión de Príam Villalonga como nuevo conseller. «En el Govern se hacen los cambios que son necesarios y en el momento en que se han de hacer; ahora no están previstos más cambios», aseguró el president.
El jefe del Ejecutivo aseguró que desconocía el contenido del contrato que en su día firmaron Ramon y Morey y aseguró que desconoce si la consellera sabía realmente lo que estaba firmando. «Sólo sé que ahora ni uno ni otro están en el Govern y eso es un cambio importante con respecto a otras épocas», dijo. Antich anunció además una revisión sistemática de todas las contrataciones hechas por el Pacte «porque no me querría llevar otro susto como éste». Antich explicó además que esta labor de revisión se centrará de forma especial en el Parc BIT.
Para Antich fue un «error» no haber cambiado a una «serie de personas» que se mantuvieron en su cargo en esta empresa tras las elecciones. El president negó que el PP, con sus acusaciones, hubiera precipitado la dimisión de la consellera. «Hace un mes que se estaba analizando el tema y, como consecuencia de ello, ya hubo cambios en la Conselleria; ahora ha sido la consellera quien ha dejado su cargo para que no se use este contrato en contra del Govern, ya que siempre nos hemos pronunciado en contra de los contratos blindados».
El president censuró la política desarrollada por el PP durante sus años de gobierno y reprochó que los populares, «inventores de los contratos blindados, quieran darme ahora lecciones de cómo he de actuar». El president añadió que ha habido un solo error y se ha actuado de forma rápida. Para Antich, la resolución de la crisis demuestra que se ha impuesto una nueva forma de gobernar.
Por lo que respecta a la fiscalización del contrato por parte de la Conselleria de Funció Pública, tal y como obliga la Ley, el president explicó que el contrato a Felio Morey nunca llegó a la Conselleria de Costa porque dos meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas, el entonces conseller d'Economia del Govern del PP, Antonio Rami, firmó una orden en la que se eximía de estos controles a las contrataciones del Parc-BIT.