La rebaja del IRPF aprobada por el Gobierno en 1999 ha permitido que, durante ese año, los contribuyentes de Balears se ahorraran 15.838 millones de pesetas en impuestos, según los datos que aportó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ministro se había desplazado hasta Palma para pronunciar una conferencia en la Fundación La Caixa sobre «Perspectivas económicas y políticas de la Hacienda Pública» y previamente ofreció una rueda de prensa en Delegación del Gobierno.
El ministro explicó que el ahorro en Balears ha sido del 17'1 por ciento, muy superior a la media nacional, donde el ahorro fue del 13'7 por ciento. Este ahorro tributario ha propiciado un incremento de 0'54 puntos en el PIB balear y generó la creación de 1.927 puestos de trabajo. El ministro adelantó la intención del Gobierno de continuar con este reforma con la supresión del IAE para las empresas más pequeñas y su sustitución por otro impuesto, negociado previamente con los ayuntamientos. Montoro anunció además una nueva rebaja del IRPF para el año 2003 que afectará a las rentas más bajas y más altas.
Al margen del ahorro propiciado por la rebaja del IRPF, Montoro se refirió a la petición del Govern de solicitar un préstamo de 13.000 millones de pesetas con el que hacer frente a las consecuencias de la anulación del impuesto ecológico. El ministro no se mostró muy explícito al respecto y aseguró que más allá de cuestiones «sobrevenidas», como fue la sentencia del Tribunal Constitucional, el Govern habrá de hacer los ajustes necesarios para garantizar el equilibrio presupuestario. En principio, por lo tanto, el ministro no pareció estar muy dispuesto a autorizar la concertación de este préstamo.
A preguntas de los periodistas, Montoro se refirió a la aprobación del impuesto turístico y opinó que crear un nuevo impuesto «por mucho que se llame ecológico» puede llevar a una pérdida de la competitividad de Balears. Montoro precisó que el Govern tiene autonomía para aprobar este impuesto, «siempre que no se solape con otro en el hecho imponible», pero también advirtió que su departamento está obligado a realizar un estudio para determinar «la compatibilidad del impuesto con el ordenamiento jurídico».