El president del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske, exigieron ayer a los municipios mayor implicación en la lucha contra la siniestralidad laboral. En concreto, demandaron de los ayuntamientos un esfuerzo complementario a la hora de hacer cumplir la normativa urbanística no sólo en el sentido de parar e impedir las obras que no tengan licencia sino también exigiendo y comprobando que lo que se construye se adapta a lo autorizado.
Antich y Grosske, que se reunieron ayer por la tarde en el Consolat de Mar con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB), pidieron más vigilancia municipal de las licencias y solicitaron además la colaboración de las policías locales para que denuncien infracciones que puedan detectar a través del teléfono 112 (quien contactará con los inspectores) y comprueban las denuncias que puedan llegar de los ciudadanos.
Eberhard Grosske dijo que «no basta con que los ayuntamientos pidan las licencias, además hay que vigilar y comprobar que efectivamente se están realizando las obras solicitadas y no más». Y es que, según el informe de la conselleria sobre el antiguo hotel Tívoli, se estaba haciendo más obra de la que estaba autorizada (precisamente fue la que se derrumbó). Ello supone evitarse hacer los estudios pertinentes sobre la obra no declarada con el riesgo que ello implica. Por norma general, los ayuntamientos tampoco controlan con excesivo rigor la obra realizada para ver si se ajusta a la autorizada aunque a veces es el promotor el que sigue las obras una vez ha pasado el arquitecto municipal y dado la finalización de la obra.
Joan Rotger, miembro de la comisión permanente de la FELIB, reconoció tras la reunión el importante papel que juegan los ayuntamientos en la lucha contra los accidentes laborales pero señaló que carecen de los medios suficientes para hacer cumplir de forma exhaustiva la legalidad urbanística. Rotger indicó en los últimos años «los servicios urbanísticos municipales han estado desbordados». Señaló que se necesita dinero para que haya más técnicos y que ello pasa «por una mayor financiación de los municipios».
Grosske insistió tras la reunión en exigir más rigor a los municipios a la hora de conceder las licencias, un control efectivo de las obras de reforma y el cumplimiento por parte de los mismos ayuntamientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El conseller insistió en pedir a los ayuntamientos que no contraten con quienes no cumplen la ley de riesgos.