El Govern balear, patronales, sindicatos de la construcción, y los representantes de los Colegios de Arquitectos y Aparejadores celebraron ayer diversas reuniones para debatir propuestas y soluciones tras el desplome del hotel Tívoli, en el que fallecieron dos obreros. En primer lugar, el Ejecutivo quiere llegar a un acuerdo con la Inspección de Trabajo y con la Fiscalía para prevenir accidentes laborales, al tiempo que estudia personarse como acusación en la causa penal del hotel Tívoli.
También, acelerará la redacción de un Decreto que obligue a todos los edificios de más de 25 años de antigüedad a someterse a una «ITV», según quedó de manifiesto ayer. El president del Govern, Francesc Antich, participó en las tres reuniones celebradas a lo largo del día de ayer, todas ellas relacionadas con la prevención de los accidentes laborales. Tras la entrevista con la fiscal del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Isabel Vicente Carbajosa, que lleva el caso del derrumbe del hotel Tívoli, el conseller de Treball, Eberhard Grosske, explicó que se habían llegado a acuerdos concretos sobre cómo se puede facilitar que se aplique el Código Penal en los delitos contemplados en esta legislación que hacen referencia a lesiones graves o muertes debidas a imprudencias en el ámbito laboral.
En cuanto a la reunión con la fiscal, avanzó que el próximo viernes se celebrará otro encuentro entre la Conselleria, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para concretar una serie de puntos. Entre ellos, citó la posibilidad de establecer un protocolo de información por parte de la Administración a la Fiscalía de aquellos temas relativos accidentes con resultado de muerte o lesiones muy graves. Grosske insistió en que el compromiso es fijar un protocolo de temas en los que, cuando se vea que se produce esta irregularidad, de manera inmediata se pasará a la Fiscalía, independientemente de las actuaciones de carácter administrativo.
Se trata, añadió, de prever riesgos, ya que, en la medida en que sean detectados por la inspección, pasarán a la Fiscalía, que será la encargada de evaluar si hay que abrir diligencias para la determinación de la comisión de un delito. Para el conseller, es necesario profundizar en el «delito de riesgo», derivado de crear las condiciones para poner en peligro la integridad física de los trabajadores, incluso aunque no se haya producido un accidente.