El conseller de Presidència, Antoni Garcías, aseguró ayer que no está tan claro que el Govern debe aplicar la subida de sueldo a sus funcionarios en virtud de la sentencia que anula la congelación salarial decretada por el Gobierno de José María Aznar. En opinión del titular de Presidència, la única responsabilidad en esta cuestión corresponde al Gobierno central y recordó además que la sentencia se refiere expresamente al cuerpo de la Administración del Estado.
Garcías lamentó que el Govern central está acostumbrado a tratar de repartir las responsabilidades entre otras administraciones que no tuvieron nada que ver en la adopción de este acuerdo de congelación salarial. «No conocemos que tengamos responsabilidad», añadió Garcías.
En cualquier caso, si finalmente se dictamina que la Comunitat Autònoma también debe hacer frente a la subida salarial de sus funcionarios, el conseller recalcó que la Comunitat no está en disposición de hacer frente a las cantidades que implica el cumplimiento de la sentencia, que puede rondar unos 5.000 millones de pesetas adicionales. «Si hay que hacer la subida, el Estado debe habilitar mecanismos que permitan cumplir la sentencia aunque vayan en contra del déficit cero», aseguró el conseller de Presidència. Al respecto, el conseller anunció que el Govern no pondrá obstáculos al cumplimiento de la sentencia en caso de que se determine que está sujeta a ella.
En relación con el salario de los funcionarios, el Consell de Govern aprobó ayer un complemento retributivo de 50.000 pesetas a los empleados públicos. Se consolida de esta manera el complemento aprobado hace un año por el Consell de Govern con el fin de tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios públicos.