Los nueve expedientes que ha abierto el Govern por supuestas irregularidades en el uso de fondos europeos para cursos de formación afectan únicamente a cuatro operadores, según confirmaron ayer desde la Conselleria d'Hisenda. De los cuatro operadores de dichos cursos, tres ya han presentado alegaciones a los informes provisionales que encontraron anomalías en el uso de los fondos europeos.
Además del Ajuntament de Palma y la CAEB, cuyas supuestas irregularidades con el uso de fondos europeos ya han trascendido durante el último mes, sólo otros dos organizadores de cursos han tenido que preparar alegaciones para justificar la utilización del dinero procedente de la Unión Europea. El propio Eberhard Grosske, conseller de Treball, desveló que un sindicato había cometido irregularidades, según las auditorías provisionales. Esta afirmación provocó la reacción inmediata de Comisiones Obreras, que exigió la dimisión del conseller Grosske por su actuación tras conocerse el escándalo de los cursos de formación. Según ha sabido este periódico, otro de los operadores expedientados está directamente vinculado al mundo educativo.
La Comunitat Autònoma, a través de Intervención, tiene previsto realizar entre 20 y 30 auditorías más para cumplir el muestreo del 5 por ciento exigido por la Unión Europea. Una vez que finalice esta revisión, posiblemente entre los meses de abril y mayo, la Conselleria d'Hisenda y la Conselleria de Treball decidirán si se amplía el muestreo. El departamento de Intervención tiene previsto revisar la documentación de los grandes operadores de los cursos, entre los cuales se encuentran los principales ayuntamientos, el Consell Insular de Mallorca y la Universitat, así como las patronales y sindicatos de Balears. El Ejecutivo autonómico remitirá toda la documentación de las auditorías a Intervención General del Estado, que a su vez comunicará las infracciones a la Unión Europea.