El presidente del Insalud, Rubén Moreno, consideró ayer «obvio» que la financiación sanitaria tendrá que contemplar mecanismos de compensación entre CCAA para aquéllas que presten servicios a población procedente de otras, y reconoció que esta es una cuestión de «debate». Además, insistió en la voluntad del Gobierno para llegar a un acuerdo con todas las CCAA en cuanto a las exigencias del Sistema Nacional de Salud (SNS) y prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Moreno y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, explicaron ayer en conferencia de prensa el procedimiento para la transferencia de la sanidad a las diez autonomías que carecen aún de esta competencia: Madrid, Asturias, Castilla y León, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y La Rioja. Entre mediados de febrero y primeros de abril comenzarán los trabajos de las ponencias técnicas para terminar el proceso de negociación en este año, con remisión de los acuerdos a las comisiones mixtas de transferencias. La reunión entre el Insalud y el Govern está prevista para marzo. A continuación, se elevarán al Consejo de Ministros, que aprobará los Reales Decretos para la aplicación efectiva de las transferencias, previsiblemente en 2002.
El Insalud cuenta en Balears con un personal fijo de 5.277 trabajadores repartidos en cuatro hospitales y 42 centros de salud. En este aspecto, Elorriaga precisó que el Gobierno «no tiene una posición tomada» sobre si la sanidad se debe incluir en el tratamiento global de la financiación autonómica y se mostró partidario de una negociación «muy abierta» para conseguir un modelo estable y con el mayor respaldo posible.
Señaló que, una vez determinado el coste de la transferencia, el traspaso no genera un incremento del gasto y destacó que la negociación es simultánea con todas las CCAA, no por mandato legal, sino porque es la «forma correcta», aunque no se garantiza que el traspaso efectivo ocurra al mismo tiempo, pues dependerá de cada caso. Todas las comunidades van a tener que ajustarse al «mismo nivel de prestaciones», que es fijado por el Estado.