El grupo popular pidió ayer la dimisión del conseller de Treball, Eberhard Grosske, por «incompetente y temerario» a raíz de su actuación en el escándalo de los cursos de formación y por el incremento de los accidentes laborales. «Grosske estaría mucho mejor en cualquier sitio que no sea la Conselleria de Treball», cuestionó José María González Ortea, portavoz del grupo popular.
Para el PP, «Grosske no sabe gestionar las cosas y achaca a los demás de no haber hecho nada, y es temerario porque acusa de manera ambigua a todo el mundo de haber cometido irregularidades con los cursos de formación». González Ortea destacó que durante el mandato de Grosske en la Conselleria de Treball haya aumentado en un 14 por ciento el número de accidentes laborales en Balears. «El conseller sólo da la culpa a los demás cuando antes él mismo acusaba al Govern de no tomar medidas para reducir el nivel de siniestralidad; ahora, en cambio, la culpa ya no es del Govern sino de los empresarios del sector», opinó el portavoz del PP. González Ortea también reclamó la dimisión de la directora general de Salut Laboral, Aina Vicens.
El diputado del PP Guillem Camps, que en la anterior legislatura dirigió el departamento de Treball, negó que en el Codefoc hubiese habido «malversación de fondos o desviación de dinero». «Se trata de un problema administrativo que el propio Govern ha recurrido ante la Unión Europea, pero Grosske no dice la verdad y crea un clima de crispación; los miembros del Govern deben tener más sentido común», planteó Camps, quien precisó que la auditoría de la Unión Europea que señala que el Govern empleó para asistencia técnica y publicidad 450 millones de subvención que debieron dedicarse directamente a formación es «una resolución provisional».
Por su parte, el conseller de Treball califica de «carroñera» la actitud del PP ante la gravedad del accidente del hotel Tívoli por aprovecharlo para hacer oposición. Grosske sostiene que el PP utiliza datos de siniestralidad laboral equivocados porque el incremento de la siniestralidad laboral fue del 10% en 2000, aunque reconoce que la batalla contra ella se está perdiendo y que la Conselleria está insatisfecha por los resultados.