El presidente de la EMT, Pedro Àlvarez, explicó ayer que la Conselleria de Sanitat i Consum del Govern ha presentado una propuesta de sanción de 31.500.000 pesetas al Consistorio por la autoría de «seis infracciones administrativas en materia de consumo y defensa del consumidor» en la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana. Alvarez consideró «injusta» esta propuesta, por cuanto las infracciones ya han sido subsanadas, y anunció que se presentarán alegaciones.
La Conselleria propone una sanción de 3'5 millones por la obligatoriedad de hacer firmar al usuario un contrato bancario, 3'5 millones por las comisiones bancarias y otros 3'5 por la carga, 7 millones por la vulneración del derecho a la información, otros 7 millones por publicidad engañosa y 7 más por la inclusión de funciones financieras en la tarjeta sin contar con la voluntad del usuario.
El presidente de la empresa recordó que «mientras al principio se nos amenazó con imponernos multas de hasta 100 millones por cada infracción, e incluso con paralizar el proyecto, ahora resulta que la multa más elevada es de siete millones y se reconoce la adopción de medidas dirigidas a la subsanación de las faltas».
En este mismo sentido, Àlvarez anunció también que la Agencia de Protección de Datos ha acordado archivar las actuaciones emprendidas por Sanitat en este tema, dando así la razón a Cort en el sentido de que los ficheros y datos que se emplean son conformes a derecho.