La nueva Ley del Menor acaba de entrar en vigor y lo ha hecho con polémica. La excarcelación de jóvenes delincuentes autores de homicidios que conmocionaron a la sociedad ha causado alarma social. Saber que las dos chicas de Cádiz que degollaron a una compañera están ya en la calle porque cumplieron los seis de meses de prisión preventiva que establece la nueva ley llena de preocupación. Y otro tanto ocurre con el chico murciano que asesinó con una catana a sus padres y su hermana. Son casos muy llamativos. Pero hay otros muchos, más silenciosos, anónimos, que también generan temor.
La mayoría de los ciudadanos estará de acuerdo en que el menor que destroza una cabina telefónica o hace una pintada no merece más que una leve sanción o, mejor aún, que reponga el daño efectuado. Pero remitirse a casos de ésos es como tapar el sol con un dedo. Lo que preocupa es que se mida a todos con el mismo rasero. En el caso de menores penados, lo que ya ha empezado a aplicarse es que abandonen las prisiones e ingresen en centros especializados dependientes de las comunidades autónomas. La medida parece acertada aunque haya planteado algunos problemas a las instituciones que deben encargarse a partir de ahora de estos jóvenes. Ciertamente, no será fácil y deberán adoptarse estrictas medidas de seguridad para evitar fugas e incidentes dentro de los recintos. Pero el problema grave está en los preventivos. Todos los que llevaban más de seis meses en prisión han salido ya libres a la espera de juicio. Y es ahí donde se han alzado voces de protesta. Falla el sistema que permite estar seis o más meses en espera de juicio. Y falla la ley al decretar el excarcelamiento automático. Si estaban presos por su peligrosidad, deben seguir bajo custodia, aunque en otros centros, hasta que sean juzgados. Sin olvidar, por otra parte, que son menores o eran menores en el momento de cometer el delito. Y que la sociedad les quiere dar otra oportunidad.