Los 456 millones de pesetas reclamados por la UE, y sobre los cuales el Govern ha interpuesto un recurso con el objeto de no gravar las arcas de la Comunitat Autònoma, corresponden al período 1994-99 y fueron imputados por el Codefoc como gastos de administración cuando no correspondían a este concepto, según se recoge en una auditoría del Fondo Social Europeo (FSE).
El conseller de Treball, Eberhard Grosske, acompañado por el director general de Formació, Francesc Obrador y el secretario general técnico, Pere Mascaró, explicaron en rueda de prensa el alcance de las nueve auditorías realizadas por los técnicos de la UE en las distintas acciones sobre curso de formación desarrolladas en Balears. Este supuesto fraude cometido sobre las ayudas europeas conmocionó a los distintos sectores implicados (principalmente patronales y sindicatos), que se han apresurado a negar cualquier irregularidad en el manejo del dinero y a exigir a Grosske que «dé nombres».
El conseller de Treball se negó ayer a revelar la identidad de los supuestos responsables de las irregularidades y dijo que iba a esperar a su comparecencia en el Parlament. No obstante, insistió en que hasta ahora «sólo se puede deducir responsabilidades de tipo administrativo». Las auditorías revelan que «las actividades que debían ser efectuadas por el Codefoc no se atienen al contenido de las acciones de asistencia técnica de los distintos programas operativos que no había previsto estos gastos ni actividades».
«Las irregularidades administrativas detectadas tienen un responsable político con nombre y apellidos que es el Partido Popular», sentenció Grosske. El conseller de Treball incidió en que «estamos hablando del pasado». «El Govern de Progrés ha supuesto un antes y un después en la administración de los fondos destinados a formación», subrayó. Grosske indicó que también existe un informe provisional de dos acciones formativas de un ayuntamiento, que se ha llevado a cabo a raíz de una denuncia de irregularidad presentada por un gestor de acciones formativas.