El Govern balear ha dado un importante paso adelante al ampliar el trayecto ferroviario hasta sa Pobla, pero después de tanto esperar la llegada del tren, la frustración supera a la alegría. El motivo no es otro que las tarifas aprobadas, que han sorprendido por sus elevados precios, incongruentes con la política de popularización del transporte público que todo gobierno de izquierdas debe fomentar. Algo que ya han criticado de forma clara y contundente organizaciones como el GOB e Izquierda Unida, coalición política que forma parte del Pacte.
Todos sabemos que Mallorca está saturada por coches y más coches que a menudo viajan con una sola persona a bordo, de forma que la contaminación, el ruido, el colapso de las carreteras y el gasto energético se multiplican de forma alarmante. Los ecologistas, y muchísimos ciudadanos conscientes del problema, reclaman desde hace tiempo una mejora plausible del transporte público, especialmente del tren, que reduce el impacto ambiental y la contaminación con respecto a otros medios, como el autobús.
Pues bien, el Govern de Francesc Antich ha conseguido lo que muchos esperaban, que el tren incrementara su recorrido, para satisfacer las necesidades de transporte de localidades como sa Pobla, Muro y Llubí. Pero las tarifas, que casi alcanzan las 900 pesetas para un viaje de ida y vuelta, son insoportables para los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos que tienen que hacer el trayecto a diario.
Hay que rentabilizar las enormes inversiones efectuadas, pero no a costa del ciudadano, que dará la espalda a este medio de transporte por considerar que no se ajusta a sus posibilidades. El tren de sa Pobla no debe ser sólo para los turistas. Debe ser, sobre todo, para los residentes. Al haber aumentado de forma exagerada las tarifas y no haber presentado ya unos bonos a precios más reducidos, el Govern ha cometido una gran torpeza, que debe rectificar con urgencia.