El conseller de Presidència, Antoni Garcías, mantuvo ayer una reunión con diversos expertos nacionales en Derecho Administrativo para tratar de dar una solución a la complicada situación en la que se encuentra la Ley de Consells tras el recurso presentado por el Gobierno y la consiguiente suspensión de determinados artículos por parte del Tribunal Constitucional.
El Govern reunió a los expertos y a representantes jurídicos de la Comunitat para preparar el pliego de alegaciones que se remitirá al Constitucional. En principio, el objetivo del Govern es lograr que el Alto Tribunal levante la suspensión y la Ley pueda aplicarse en su integridad hasta que no haya una sentencia definitiva del Tribunal Constitucional.
De momento, el Consell dispone de seis meses para redactar un reglamento de funcionamiento que se adapte a la Ley. La tarea es complicada, ya que la anterior ley de Consell ha sido derogada y la actual está suspendida por el Constitucional. Este reglamento puede encontrarse con problemas jurídicos si hace referencia al Consell Executiu o a los consellers no electos, ya que ambos preceptos se encuentran suspendidos.
Una de las dudas planteadas se refiere a la formación de la Comissió d'Urbanisme. La Ley faculta a los consells a suprimirla, si así lo desean. De la misma forma, la nueva Ley de Consells deroga la presencia de los representantes del Govern en estas comisiones, cargo que en estos momentos ocupa precisamente el president de este organismo, Rafael de Lacy. Si Lacy es designado de nuevo por el pleno del Consell, con la ley actual suspendida no podrá tomar resoluciones, ya que no es un cargo electo.