El Govern ha solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas una copia del informe del Consejo de Estado que considera también inconstitucional la Ley de Consells. El conseller de Presidència, Antoni Garcias, remitió ayer mismo una carta al ministro Jesús Posada en la que le solicita una copia del dictamen del Consejo de Estado en relación a la polémica ley aprobada por el Parlament, y que fue suspendida en su totalidad la semana pasada por el Tribunal Constitucional.
De hecho, el Govern todavía no ha recibido ni la comunicación del Tribunal Constitucional en la que comunica la suspensión de la Ley de Consells. Una vez el Constitucional comunique oficialmente la suspensión del texto aprobado por el Parlament, el Govern tiene 15 días para defender la ley con un recurso. De hecho, el Ejecutivo está preparando un equipo de juristas que redactarán el informe para defender la constitucionalidad de la Ley de Consells con el fin de que no se mantenga la suspensión del texto.
El Gobierno central denunció la inconstitucionalidad de hasta once preceptos de la Ley de Consells, que se encuentra suspendida desde hace varios días. En concreto, el Constitucional deberá revisar si la reorganización de los consells, que fue modificada por la ley, se ajusta a Derecho. El artículo 7 es uno de los puntos denunciados por el Gobierno central debido a su posible inconstitucionalidad. Dicho artículo prevé que los consells están formados por un presidente, uno o más vicepresidentes, el pleno, la Comissió de Govern y el Consell Executiu. El artículo 7.3 prevé que la Comissió de Govern, cuando no haya Consell Executiu, esté compuesta por el presidente y por un número de consellers no superior al tercio de la composición del plenario, que está formado por 31 miembros.
El artículo 7.5 establece que el Consell Executiu estará integrado por el presidente, el vicepresidente que designe el presidente y, como mínimo, por tres consellers ejecutivos. Dichos consellers serían designados por el presidente y no son electos, una posibilidad considerada inconstitucional.