La consellera de Benestar Social del Consell de Mallorca, Josefina Sintes, anuncia que tendrán problemas económicos graves para poder aplicar la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley, que entra en vigor el próximo 13 de enero, no va acompañada de una dotación económica. A pesar de esto, la edad para cumplir medidas judiciales sube de 12 a 14 años.
En la actualidad, los menores de 12 a 18 años que cometen cualquier delito pasan a ser juzgados por el Tribunal de Menors e ingresan, si es el caso, en centros, que con la nueva ley continuarán en manos de la Comunitat Autònoma. Sin embargo, a partir de enero el Departament de Protecció del Menor del Consell también tendrá que hacerse cargo de los adolescentes de 12 y 13 años con problemas conflictivos porque éstos no podrán ser juzgados y, en consecuencia, no pueden ingresar dentro de ningún centro del Govern como, por ejemplo, es Pinaret.
«Además, el fiscal de Menors nos pide que tengamos un profesional de Protección de Menors en los juzgados. De entrada, ya nos implica un gasto económico. Es una incidencia muy directa y rápida y no va acompañada de un incremento del presupuesto», señala Sintes al respecto. Además, añade que aunque haya esta división, es decir, que a partir de los 14 años los menores conflictivos pasen a ser responsabilidad del Ejecutivo autonómico «con demasiada facilidad tocan a nuestras puertas».
Sintes explica asimismo que ya ha conversado con la directora general de Menors del Govern, Aina Rado, y que también ella le ha mostrado su preocupación frente a la entrada en vigor de la nueva ley. Es el jurista de Benestar Social quien apunta que «al no ir acompañada de un presupuesto real, la ley puede quedar en nada o igual no podrá ser aplicada por falta de recursos».