Un informe realizado por la Intervención del Govern ha detectado numerosas irregularidades en la utilización de fondos europeos por parte de patronales y sindicatos. Según ha podido saber este periódico, las inspecciones realizadas por el Ejecutivo a los beneficiarios de dichos fondos, que tenían por objeto la financiacin de cursos de formación profesional, han confirmado graves irregularidades en la mayor parte de los expedientes. Las auditorías de Intervención han detectado que patronales y sindicatos «hinchaban» facturas para justificar el dinero recibido y en estos momentos se está investigando si los fondos se utilizaban para cursos de formación o servían para financiar otras actividades.
El Govern ha requirido a todas las partes implicadas que recurran y justifiquen cada una de las irregularidades detectadas en los expedientes. El Ejecutivo repartió más de 10.000 millones entre 1995 y 1998 para cursos de formación dentro del programa del Fondo Social Europeo, que también tuvo financiación de la Comunitat Autònoma y de los ayuntamientos. El Gobierno central, que actúa de intermediario entre las comunidades autónomas y las instituciones europeas, obliga a revisar un mínimo del cinco por ciento de los expedientes para detectar posibles fraudes. El Govern cumplió las recomendaciones de Madrid y pidió las justificaciones de los gastos a un 5 por ciento de los beneficiarios. «La mayoría de los expedientes presentaron irregularidades», admitió a este periódico un miembro del Govern.
La Conselleria de Treball i Formaci ha solicitado a Intervención del Govern de la Conselleria de Hisenda la posibilidad de ampliar el muestreo para conocer el alcance real del posible fraude. «Se han hinchado las facturas de una manera escandalosa», admitieron desde el departamento que dirige Eberhard Grosske, que ha intentado no destapar este asunto que puede afectar muy seriamente a las organizaciones que recibieron durante cuatro años las ayudas procedentes de los fondos europeos. La Direcció General de Formació también está elaborando un informe para concretar el alcance del mal uso de las ayudas europeas por parte de patronales y sindicatos. El Govern no ha querido facilitar la identidad de todas las organizaciones implicadas en este posible fraude y tampoco se atreve a adelantar las posibles sanciones que se impondrían a los infractores.