El president del Govern, Francesc Antich, solicitó ayer a las ejecutivas de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UFP) «ayuda» para preparar el traspaso a las Islas de las competencias de Justicia, «de la mejor manera posible», indicó. «En ustedes descansa un pilar básico de la democracia, que es la Justicia, y desde aquí les animo a que cumplan con los objetivos previstos», dijo Antich, que ofreció una recepción en la sede del Ejecutivo a ambos colectivos, poco antes de que éstos iniciaran en Palma una reunión para debatir propuestas «conjuntas» sobre temas de la Administración de Justicia.
Entre los temas abordados, y cuyas conclusiones serán presentadas hoy en una rueda de prensa, destacan la Ley de Extranjería, la violencia doméstica, el indulto del Gobierno al juez Javier Gómez de Liaño y aspectos relacionados con la Administración de Justicia, según confirmaron los portavoces de ambos colectivos, Montserrat Comas y Adrián Salazar.
«La violencia en el ámbito familiar es el problema más grave que tiene este país, ya que las estadísticas son suficientemente elocuentes», dijo Comas. «Hay que hacer, todavía, más esfuerzos para erradicar la violencia doméstica y por ello, con los fiscales progresistas plantearemos nuestras propias propuestas en ese sentido», precisó. Con respecto a la Ley de Extranjería, la portavoz de Jueces para la Democracia dijo que este colectivo critica «de forma rotunda» el hecho de que el Parlamento haya aprobado una nueva ley.
Dijo que se había hecho «sin consenso, a diferencia de la anterior ley», y resaltó que «no era necesario reformar la Ley de Extranjería, que todavía está vigente». «Se han restringido derechos fundamentales que corresponden a todas las personas, sólo por el hecho de serlo, con independencia de dónde hayan nacido», dijo Montserrat Comas.