Desde que comenzó la polémica sobre los horarios de apertura comercial y el calendario de festivos se ha hablado, y mucho, del tema tanto a nivel político como a nivel de consumidores.
El debate está abierto y son los propios comerciantes de la Isla los que están más confusos ya que, en la actualidad, no saben si regirse por la nueva normativa estatal, el ya famoso decreto 6/2000, o esperar a que se apruebe la ley de comerc que ha redactado el Govern balear.
Estas normativas, que regulan el mismo sector, son, sin embargo, contrapuestas en muchos aspectos. Tanto es así que el Govern, junto con otras seis comunidades autónomas, ya ha recurrido el texto estatal ante el Tribunal Constitucional por considerar que, el Gobierno de Madrid, se inmiscuye en las competencias de las comunidades en materia de comercio interior. Mientras tanto, y para contrarrestar un decreto que, aseguran, «conduce a la desaparición del pequeño comercio», el Ejecutivo balear redactó una ley autonómica, muy proteccionista con los pequeños y medianos establecimientos, que, a su vez, ya ha sido recurrida por Madrid.
Sin embargo, en todo este cruce de declaraciones y recursos, pocas voces han recordado que la Isla tiene una ventaja sobre la mayoría del territorio nacional ya que se trata de una zona turística por excelencia. Ni el decreto de Madrid ni la normativa autonómica impiden a los establecimientos situados en zonas turísticas abrir los días que deseen, (con un máximo de doce horas diarías) a no ser que, a la hora de declararlas, se incluya otro límite específico.
La declaración de zona turística, que permite una «liberalización» del comercio entre el 15 de marzo y el 30 de noviembre de cada año, está en manos de los distintos ayuntamientos de Balears. Ellos son los que tienen que dirigirse a la Conselleria d'Economia, Comerç i Industria para solicitar una declaración de este tipo y que zonas quiere que incluya.