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Cort alerta que la ley del comercio pone en peligro los mercadillos de Palma

Lys Riera denuncia la preocupación del sector por el anteproyecto de ley

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La regidora de Comerç i Consum en el Ajuntament de Palma denunció ayer que con el actual anteproyecto de ley de ordenación de la actividad comercial en Balears «peligran los mercadillos de Ciutat». Lys Riera advirtió de la preocupación que ya le han transmitido fuentes de sector del comercio y anunció la presentación de alegaciones.

El primero de ellos, el artículo 48, establece en su punto 2 que «los mercados periódicos de carácter tradicional o de nueva implantación, ubicados en lugares o espacios determinados y de periodicidad fija» sólo se podrán realizar «durante un máximo de dos días a la semana». Riera consideró que «este punto afecta de lleno a los mercadillos exteriores de Pere Garau y Santa Catalina y también a los mercadillos navideños y de temporada», estos últimos también se consideran fijos aunque su instalación sea temporal.

Otro artículo preocupante para los comerciantes, informó la edil, es el 39, referido a la «Determinación de zonas turísticas» en el que se establece que «los ayuntamientos (...) podrán proponer las partes del territorio municipal que se pueden considerar zonas turísticas, a los efectos de exclusión de la limitación de horarios de esta ley» pero, añade, «esta exclusión no afectará al horario de apertura y de cierre de los comercios» que la ley limita a 12 horas, entre las 07.00 y las 23.00 horas. «Este artículo ignora la realidad turística, desde el momento en que no tiene en cuenta que, por ejemplo, los souvenirs trabajan sólo seis meses al año, pero durante este tiempo permanecen abiertos más de 72 horas semanales porque, lo normal es que abran a las 09.00 y cierren a las 24.00 horas, de lunes a domingo, porque ese es su modus vivendi».

Riera también comentó que el Ajuntament de Palma está buscando, «de manera urgente» camiones frigoríficos para almacenar los restos del ganado vacuno con más posibilidades de transmitir la enfermedad de las «vacas locas» y, posteriormente, trasladarlos a la Península para ser incinerados con la garantías que exige en estos momentos la Unión Europea.

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